¿No está de acuerdo con el título del artículo? Pues coincide con la verdad histórica: En 1948 en las Naciones Unidas se discutió la “Declaración Universal de Derechos del Hombre” y esta declaración es el fruto de la negociación de las potencias occidentales con la Unión Soviética; esta última logró introducir su punto de vista en la misma, tornó la declaración en un papel de dudosa utilidad y luego se abstuvo de votarla (junto con la Sudáfrica del Apartheid y algunos estados árabes esclavistas).
La declaración se nutre de dos fuentes antitéticas:
a) La tradición liberal de las democracias occidentales, donde los derechos del individuo lo protegen de la arbitrariedad del poder, garantizando entre otros, el derecho a la libertad de opinión y expresión, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a la propiedad. El derecho de propiedad se considera básico para la libertad de individuo, posiblemente junto con la libertad de trabajo, ya que si un hombre no puede disponer de sus propios ingresos, verá el resto de sus libertades amenazadas.
b) La crítica de Marx a la teoría anterior, ya que para Marx los derechos del individuo son “los derechos del hombre egoísta, separado de sus congéneres y de su comunidad”. Por lo tanto, explica Marx, estos derechos sirven únicamente para proteger el egoísmo y la desigual distribución de la propiedad, para mejor oprimir a los pobres. En contraposición a los derechos individuales la Unión Soviética y sus satélites proponen los llamados “derechos sociales” como ser salud, bienestar, alimentación, vestido, etc.
Al quedar en la declaración en el mismo nivel los derechos del individuo que lo protegen del arbitrario poder del estado y los derechos sociales que se consideran responsabilidad del estado, las oposiciones de derechos quedan en la práctica resueltas por la posición de la parte más fuerte, el estado, que ignora los derechos del individuo.
Por ejemplo: Un ciudadano desea criticar la política económica (libertad de expresión) pero se entiende que esta crítica entorpece la ejecución de medidas imprescindibles para garantizar el bienestar de la población, como hay oposición de derechos, el estado prohíbe que el ciudadano critique.
La izquierda uruguaya, antes del golpe de estado, se afiliaba a la teoría de que los derechos individuales eran derechos burgueses sin otra finalidad que la de oprimir al pueblo.
Los sectores violentos de la izquierda no dudaron en avasallar los derechos de terceros para lograr sus objetivos de liberación de los oprimidos. Podría argumentarse que algunos actos fueron de “justicia revolucionaria”, como el asesinato o ajusticiamiento, según se lo quiera ver, de presuntos torturadores. Pero el encarcelamiento en situaciones infrahumanas de personas sin más objeto que el de tenerlos como “bienes de canje” con el estado, fue una clara violación de los derechos más elementales de estas personas.
Como todos sabemos la dictadura uruguaya no consideró a todas las personas iguales ante la ley, encarceló sin juicio justo, aplicó penas terribles y degradantes, torturó y mató a muchas personas de izquierda que hasta el momento creían que los derechos de los individuos servían sólo para sojuzgar a los pobres.
Dada la experiencia anterior, ahora la izquierda (no toda) reconsidera su histórico desdén por los derechos del individuo y los reivindica. Quiere justicia y castigo (supongo que sólo cuando la justicia lo amerite) para los que en el pasado, violaron sus derechos individuales.
Esto es legítimo, pero no deja de ser una aplicación particular de la declaración, ya que se trata de un reclamo contra personas que ya no detentan el poder de estado. El poder del estado lo detenta hoy la izquierda. ¿Mantendrá la izquierda igualmente su interés en los derechos individuales que puedan oponerse hoy al poder del estado? ¿La izquierda en el gobierno se autolimitará si es necesario para respetar los derechos individuales de todos los ciudadanos?
Se escuchan opiniones.