Vi por televisión un encendido alegato del diputado Luis Puig a favor de la derogación de la ley de caducidad. Explicó que su lucha era por la verdad, la justicia y nunca más dictadura. Según su argumentación, la mejor manera de asegurar de que de ahora en adelante los gobernantes respeten la Constitución es que tengan la seguridad de que su violación será siempre penalmente castigada. Por lo tanto, el permitir castigar a los dictadores de ayer, disuadirá a los posibles dictadores del mañana.
No se puede negar que uno de los elementos disuasorios de una conducta criminal es la certeza de la pena. Por lo tanto, su argumento es muy atendible, y defiende valores muy importantes para nuestra sociedad.
Plutarco, historiador romano, escribió un libro que llamó “Vidas Paralelas”, donde compara las biografías de parejas de personajes, uno griego y otro romano, y muestra sus similitudes. Por eso, al pensar en nuestro último dictador, el general Álvarez, se me ocurrió compararlo con el libio Gadafi.
En Libia el dictador Gadafi intenta mantenerse en un poder mediante la fuerza militar, y ataca a la oposición, que si bien armada, cuenta con armamento mucho menos poderoso. La OTAN apoya a la oposición y bombardea a las fuerzas de Gadafi. Indudablemente el más elemental sentido de la justicia indica que Gadafi debería ser juzgado y castigado por sus crímenes (¡Justicia y Castigo!), pero en la práctica esto significaría la continuación de la matanza. Los diplomáticos de los países de la OTAN, con aparente buen sentido, intentan parar las muertes y negociar con el dictador para que abandone Libia y le ofrecen refugio en algún país de clima agradable, donde pueda disfrutar libremente de su fortuna mal habida. Saben muy bien que si van a Gadafi ofreciéndole la cárcel o la horca, este difícilmente aceptará el trato.
En el Uruguay, a fines de la presidencia del General Alvarez, el gobierno militar se veía muy debilitado. Su derrota política en el plebiscito de 1980 les demostró que no contaban con el apoyo de la mayoría de la población; posteriormente, en 1984, luego de haber asegurado Álvarez por televisión que tal cosa no pasaría, el gobierno se vio obligado a devaluar, en medio de una crisis económica que aumentó su descrédito. En esas circunstancias, se realizó el “Pacto del Club Naval” entre los militares y civiles desarmados del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio (los blancos se negaron a participar). Como consecuencia de este pacto, los militares entregaron pacíficamente el poder, y no hubo de lamentar ningún hecho de violencia.
Nunca se aclaró si el pacto tenía una cláusula secreta de amnistía para los militares, pero dado que los civiles demócratas que negociaron no tenían ejércitos ni armas, pensamos que tuvieron que utilizar sus dotes retóricas y negociadoras. Dudo que el general Álvarez hubiese aceptado una propuesta del tipo: Usted deja del Palacio de Gobierno, y se va derechito a la cárcel.
Como vemos, la salida de la dictadura de Álvarez, se hace con parámetros similares a los que se buscan para la salida de Gadafi, pero en Uruguay no teníamos en ese momento a las tropas de la Otan bombardeando al cuartel de Blandengues.
Me gustaría preguntarle al diputado Luis Puig por qué durante las conversaciones del Club Naval no se paró en la vereda de enfrente con una pancarta de “Juicio y Castigo”. A lo mejor la sugerencia es injusta, pues en ese momento el diputado pudo haber estado preso, exilado o temiendo por su vida. Justamente por eso es que se pactó lo que se pactó. ¿Me entiende diputado? Todos queremos justicia, pero más quisimos vivir.
